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Javier Sánchez García vicepresidente del CGPE: “La reacción de los LAJ ha sido desproporcionada, deberían volver a la Comisión”

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El vicepresidente del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), Javier Sánchez García, posee una característica muy singular: Ha estado en casi todas las reuniones que se han celebrado hasta ahora, desde años atrás, tanto con el Ministerio como con los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) –antes secretarios judiciales– para abordar la asignatura pendiente de la ejecución de las sentencias

A él no le pueden contar ninguna milonga. En su memoria están todos los datos: días, lugares, personas… Y en sus archivos, los papeles.

En esta entrevista muestra su enfado por todo lo sucedido en los pasados cuarenta días. Un enfado muy personal. Porque, afirma, los procuradores no merecen los varapalos sufridos desde el lado de los LAJ. Explica por qué con toda claridad.

Sin embargo, es un hombre positivo. No guarda rencor. Considera que esta es una oportunidad histórica para encontrar una solución. Y eso pasa porque vuelvan a la Mesa de la Comisión Mixta creada por el Ministerio de Justicia. La que echó a andar en julio pasado y de la que se marcharon los LAJ dando un portazo.


Y explica las razones de la oportunidad histórica.

Pero antes, expone el origen de su dolor. Entiendo que es una necesidad catártica.

“Vaya semanitas”, se podría titular a este periodo de tiempo transcurrido entre la celebración de las Jornadas Nacionales, a mediados de septiembre, que ustedes organizaron en Huesca y la actualidad, ¿no le parece?

Esto tiene que tener, de alguna manera, un final. Desde el Consejo General de Procuradores de España no nos habíamos manifestado. Ahora ha llegado el momento de hacerlo.

Bueno, todo comenzó con la mención a la encuesta de Sigma Dos que ustedes presentaron en sociedad el pasado mes de febrero en la que decían que en España se juzgaba bien pero que no se ejecutaba de la forma más eficaz. La citada encuesta decía que solo 1 de cada 4 sentencias con trascendencia económica se ejecutaban en España. El 25 %. Dicho de otro modo, 3.500 millones de euros de los 14.000 millones concedidos a una de las partes. Son 10.500 millones de euros que no se cobran. Un pastizal…

Esa es la realidad. A mí me ha sorprendido mucho la respuesta de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ).

Han llegado a afirmar que la pretensión de ustedes, de convertirse en agentes de ejecución de esas sentencias, suponía privatizar la justicia.


Me rebelo contra eso. Como vicepresidente del CGPE formo parte creado por el Ministerio y compuesto por procuradores y LAJ. Tuvimos una primera reunió el pasado mes de julio. El ambiente fue exquisito. Participaron tanto la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia y el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, el UPSJ y el CNLAJ, además de Verónica Ezcurra, la secretaria coordinadora de Madrid.

Nuestra propuesta nunca, jamás, fue solapar las funciones de los LAJ. Se lo digo así de claro. Y ellos lo saben.

¿Llevaron ustedes algo a la reunión?

Llevamos un borrador en el que decíamos que, como procuradores, a guisa de agentes de ejecución, debíamos actuar bajo la dirección de los LAJ sin socavar ninguna de sus competencias. Y que se debían anticipar los trámites procesales.

No se trataba de crear polémica. Seguimos trabajando durante el mes de julio. En septiembre celebramos otra reunión.


Fue entonces cuando celebramos las XII Jornadas Nacionales de la Juntas de Gobierno de los Colegios de Procuradores.

«Repito, y quiero que quede muy claro: nuestra intención, como procuradores, jamás ha sido menoscabar sus competencias. Queremos colaborar bajo su dirección en un sistema que se base en agilizar los tramites procesales», afirma el vicepresidente del CGPE

En las que ustedes recordaron la encuesta de Sigma Dos.

Así es. La reacción de los LAJ, a mi entender, fue desproporcionada. En ningún momento dijimos que aquella situación era culpa suya. Dijimos que era un fallo del sistema.

Ya, después de aquello los LAJ abandonaron la Comisión Mixta del Ministerio.

Nos hubiera gustado que hablaran con nosotros. Porque más allá de los datos económicos de Sigma Dos, la realidad es que los procedimientos de ejecución tardan 41 meses y que el grado de insatisfacción por el sistema de ejecución de sentencias es de un 50 %. Por no calificarlo de quiebra del artículo 24 de la Constitución, que garantiza la tutela judicial efectiva.

Los propios LAJ reconocen que la ejecución es mejorable. Que no funciona.

Ellos dicen que necesitan más medios tecnológicos y más Inteligencia Artificial.

Sí, señor, mayores medios e introducción de nuevas tecnologías que ayuden al proceso. No el proceso a las tecnologías, como se ha venido haciendo. Cuanto menos, a mi entender, es mejorable.

Pero, repito, y quiero que quede muy claro: nuestra intención, como procuradores, jamás ha sido menoscabar sus competencias. Queremos colaborar bajo su dirección en un sistema que se base en agilizar los tramites procesales.

Pero esto que le estoy diciendo no es nuevo. Es muy viejo.

A ver, explíqueme.

Ya en el Libro Blanco de la Justicia, que vio la luz en 1997, hace nada menos que 25 años, se identificaban los problemas de la ejecución.

Y dice: “Sería bueno que en una misma resolución el juez o el secretario judicial –como se llamaban entonces- puedan adoptar en una misma resolución todas las medidas de ejecución. Y que las lleve a cabo el procurador en un plazo determinado bajo su dirección”.

La mejora de la Administración de Justicia nos compete a todos. El remar juntos, además, te permite hacer mejor el camino.


Hace 25 años…

Pero es que desde entonces ha habido más declaraciones y acuerdos en esa misma dirección. Por ejemplo, en las conclusiones de la reunión anual de secretarios de Gobierno de 2012, celebrada en Granada, se dijo que esa agilización de la ejecución debía hacerse “mediante la adaptación de los refuerzos orgánicos y procesales, y la implicación de los procuradores, actuando de mandatarios del LAJ para la comisión de los actos de ejecución y comunicación”. Se lo estoy leyendo.

En las Jornadas Nacionales de Procuradores y LAJ de 2012, en Valladolid, la segunda conclusión decía que se debían introducir las modificaciones legislativas necesarias potenciando las funciones de LAJ y procuradores. Nosotros ejecutaríamos las sentencias bajo la dirección de los LAJ.

¿Y esto lo saben los LAJ?

Si nosotros guardamos la memoria de esto, ellos también deberían. Pero le digo más, en la reunión anual de presidentes de Audiencias Provinciales, celebradas en Toledo en octubre de 2012…

En esas estuve yo, lo recuerdo.

…concluyeron que había que considerar la conveniencia y oportunidad de incorporar a nuestro ordenamiento una figura similar al “huissier” francés, al que se le encomiende, por vía de delegación, bajo la dirección de los LAJ, las funciones de ejecución de las sentencias civiles a los procuradores.

El Plan Estratégico a la Abogacía 2020 propugna la implicación de los procuradores a los procesos de ejecución tras la Ley 13/2009, que nos convirtió oficialmente –ya lo somos desde hace siglos– en colaboradores de la Administración de Justicia.

Siempre hemos sido fieles colaboradores de los LAJ y eso no nos lo pueden negar.

A la luz de sus revelaciones, sorprende mucho la reacción de los LAJ.

No nos merecemos este trato. Les hemos apoyado en sus reivindicaciones para tener voz propia ante el Ministerio. El comunicado que publicó el CNLAJ en su página web es una desconsideración y una falta de respeto.

Estamos muy dolidos.

Hay una cosa que me sorprende. No ha hecho usted ninguna referencia a la Unión Europea.

[Se ríe abiertamente] A eso iba. En España siempre se vende como la panacea todo lo que viene de Europa.

Pues bien, en 2009 la Comisión Europea, reunida en Estrasburgo, hizo públicas unas recomendaciones sobre la eficacia de la justicia en las que decía que debían adoptarse medidas que agilizaran la Administración de Justicia buscando la colaboración de profesionales liberales y agentes libres. O sea, nosotros, los procuradores.

El CEPEJ ha dicho, de forma específica, que hay que reforzar nuestras funciones en el campo de la ejecución y de la comunicación.

«Creo, sinceramente, que el camino debe ser volver a la mesa de la Comisión para dialogar, para entendernos, para alcanzar el objetivo que todos buscamos, que es servir bien a los que nos pagan a todos, que son los ciudadanos», declara con rotundidad

No me extraña que se hayan enfadado usted con lo de la privatización, que dicen los LAJ.

Es un recurso muy útil, pero inútil, inexacto y nada acertado. En el Libro VII de la Ley Orgánica del Poder Judicial figuramos como cooperadores de la Administración de Justicia. Estamos sometidos a un régimen sancionador propio de los órganos jurisdiccionales.

Si cometemos infracciones podemos ser sancionados.

No es, por lo tanto, una privatización. Como los nuevos abogados, los nuevos procuradores realizamos un examen de Estado, tenemos que aprobar, además, un máster, y hacer prácticas de seis meses.

O sea, que la utilización de la palabra privatización tuvo una intencionalidad, digamos, “bélica”.

Es más que evidente. Porque olvidan que los procuradores, como los abogados, también hacemos turno de oficio. ¿Qué más servicio público que el turno de oficio?

Por no olvidar que tanto notarios como registradores hacen funciones que antes se hacían en sede judicial. Son funcionarios y profesionales liberales, a la vez. No he escuchado a nadie hablar de “privatización” en esos casos.

O los administradores concursales.

Pues sí que está usted enfadado.

Es que es para estarlo. El Ministerio de Justicia ha sido sensible. Muy sensible. Ante la conciencia del enorme grado de insatisfacción existente sobre la ejecución de las sentencias. Y eso le honra.

El Ministerio ha acertado al ponernos a la mesa a procuradores y LAJ. Tenemos ante nosotros la oportunidad histórica de encontrar una solución a esta situación a través del Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal.

Creo, sinceramente, que el camino debe ser volver a la mesa de la Comisión para dialogar, para entendernos, para alcanzar el objetivo que todos buscamos, que es servir bien a los que nos pagan a todos, que son los ciudadanos.

O sea, como se suele decir, sin rencillas, sin malos rollos. O “No hard feelings”, como dirían los estadounidenses.

Con toda nuestra leal colaboración y bajo su dirección. Por nuestra parte no va a haber ningún reproche. Así se lo digo.