Qué hay que entender por reparación de los efectos del delito? La reparación ha de entenderse de otra manera cuando la víctima es la sociedad. D. Javier Carlos Sánchez García, Vicepresidente del Consejo General de Procuradores de España, nos cuenta en primera persona su experiencia en la gestión eficaz de los bienes decomisados en operaciones contra el tráfico de drogas. Patricia Esteban.- Los efectos más graves del crimen no son siempre de naturaleza económica. Todos recordaremos en la década de los años 80 y 90 las protestas y manifestaciones de aquellas "madres coraje" gallegas contra los narcos que condenaban a sus hijos a una terrible muerte más que segura. Aquellas madres luchaban contra el poder y la ostentación que de él hacían quienes traficaban ilegalmente y continuaban paseándose por las calles de su ciudad en coches de lujo. ¿Era esta la justicia que podían esperar los familiares de aquellos jóvenes? ¿Se les protegía adecuadamente?.
El debate sobre el justo resarcimiento de la víctima y sobre la necesidad de aumentar la sensibilización de los operadores jurídicos para que no sean los grandes olvidados en los procesos penales, está de plena actualidad. El pasado lunes 5 de diciembre, en su comparecencia en el Congreso, el ministro de Justicia Rafal Catalá dijo que en esta legislatura "las víctimas del delito no caerán en el olvido" y seguirán ocupando el lugar central "que les corresponde por derecho".
Precisamente sobre “El resarcimiento de la víctima en los procedimientos penales” tuvo lugar una mesa redonda durante las Primeras Jornadas del ICPM (Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid), “Al Servicio de los Madrileños”, que se llevaron a cabo el jueves 24 y viernes 25 de noviembre pasado.
Entre los ponentes, Javier Sánchez García, Vicepresidente del Consejo General de Procuradores y decano del Colegio de Procuradores de A Coruña, tuvo ocasión de explicar la exitosa experiencia que se viene desarrollando en Galicia en la subasta de bienes incautados del narcotráfico.
El Diario La Ley tuvo ocasión de hablar en exclusiva con el Vicepresidente de los procuradores para que nos contase cuáles son, a su entender, las claves de este exitoso servicio que tiene como objetivo la reparación del daño del delito a través de la gestión eficaz de los bienes decomisados.
Un servicio pionero que agiliza la subasta de los bienes incautados Javier Sánchez García nos confesó en primer lugar la preocupación que, ya en sus años de opositor a judicatura, sentía porque el sistema punitivo, tanto sustantivo como procesal, no diera su lugar a la víctima, porque quedara, de alguna manera, "descolgada".
Esta preocupación es la que le impulsó a trabajar desde su decanato en el Ilustre Colegio de Procuradores de la Coruña en un sistema, que ha traído al Consejo y quiere difundir, con un punto de vista muy interesante: cuando la víctima es la sociedad, como sucedía en Galicia con los delitos de narcotráfico, … ¿qué pueden aportar los procuradores al sistema penal? A ello responde el servicio de depósitos y subastas de bienes decomisados. El Colegio de A Coruña fue pionero. Ya en el año 2002 se creó el primer servicio de depósitos de un colegio de procuradores, y en el año 2014 el Consejo General de Procuradores de España (CGPE) y la Fundación Gallega contra el Narcotráfico (FGCN) firmaron un convenio de colaboración con para lograr la gestión eficaz de los bienes decomisados en las operaciones contra los narcos.
Pregunta: Javier, ¿de qué manera este servicio que ofrecen los procuradores puede coadyuvar al justo resarcimiento de la víctima?
Respuesta: Hay que tener en cuenta que la víctima en muchas ocasiones es la propia sociedad. En cualquier pueblo costero de España, algunos individuos vivían del contrabando y tráfico de drogas. Ellos hacían sus declaraciones y también hacían ostentación de sus bienes: residencias de lujo, embarcaciones, etc, originando una preocupante sensación de impunidad en la sociedad. Contra esta impunidad y contra los recursos fáciles de estos delincuentes luchaban las madres o familias de las víctimas de estos delitos, conscientes de que había medidas que el Estado podía hacer para quebrantar su patrimonio (embargos…).
Pues bien, los procuradores podemos ayudar a eliminar esta sensación de impunidad, mediante el servicio de "Gestión de Bienes Decomisados", procurando que estos bienes que se incautan en las operaciones contra el narcotráfico o el contrabando se conviertan de manera ágil y rápida en dinero que, en muchas ocasiones, es asignado finalmente a determinadas causas sociales. Se trata de ofrecer un servicio que aporta valor y beneficio a la sociedad, que ya está cansada de estos casos.
Mediante el convenio que firmamos en el año 2014 con la Fundación Gallega contra el Narcotráfico, y que ratificó el propio gobierno gallego, se impulsó este novedoso servicio que aúna fuerzas. En él colaboran la propia fundación, el gobierno gallego, las fuerzas y seguridad del Estado, funcionarios de aduanas, y, por supuesto, el decanato de procuradores y fiscalía antidrogas.
P.: ¿En qué consiste servicio de "Gestión de Bienes Decomisados" y cuáles son sus resultados? Respuesta: Debemos recordar que los procuradores somos "entidad especializada" para el depósito y realización de bienes*. Como entidad reconocida, ofrecemos profesionalidad en la gestión de este proceso.
Este servicio consiste en un sencillo operativo que pretende ser lo más ágil posible, en el que se siguen una serie de pasos: con autorización judicial las fuerzas y cuerpos averiguan los bienes de los posibles narcos, una vez que obtienen dichos bienes se da traslado al juez y al ministerio fiscal; el juez acuerda que esos bienes se decomisen y depositen en el Colegio de Procuradores, en el depósito o centro de custodia. Posteriormente, se valoran por peritos y técnicos independientes (específicos según el tipo de bienes) y se subasta si procede. A la vista de la valoración se determina el camino a seguir, que normalmente es la subasta. Pero si ese bien no es muy valioso, o tiene un precio muy inferior al coste que pueda suponer su custodia y realización, puede destinarse a uso social. Si finalmente procede la subasta, esta se lleva a cabo a través del nuevo portal de ventas y subastas electrónicas (operativo desde el pasado 3 de junio). Una vez finalizada, con el producto se traslada al juzgado, mandando el dinero con descuento de los gastos derivados.
*A este respecto, la Ley 42/2015, de 5 de octubre (LA LEY 15164/2015), de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LA LEY 58/2000), permite que los Letrados de la Administración de Justicia encarguen a los Colegios de Procuradores, como entidad especializada, no sólo el depósito sino también la subasta de los bienes.
El Real Decreto 948/2015, de 23 de octubre (LA LEY 16114/2015), por el que se regula la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos., prevé que el juez o tribunal, de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal o de la propia Oficina de Recuperación y Gestión de Activos, pueda encomendarle la localización, conservación y administración de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal.
Nosotros tenemos la experiencia en lograr que el tiempo de este proceso hasta la subasta de bienes incautados al narcotráfico se haya reducido drásticamente, batiendo récords: de 10 años, en algunos casos, a 2 meses y medio, destinando el dinero además a las víctimas y la lucha contra el narcotráfico.
P.: ¿Qué aportan los procuradores en la gestión de este servicio?
Respuesta: Los procuradores, como especialistas en este tema, aportan a este servicio un claro valor añadido. He de decir, desde mi experiencia, que estamos satisfechos de coadyuvar en el doble objetivo que se persigue: satisfacer a la sociedad, victima en muchos delitos, y evitar la impunidad de los delincuentes. Es un sistema ágil, en un mes hacemos lo que no puede hacer un juzgado en cinco años.
Además la tendencia al crecimiento es exponencial, porque la experiencia nos hará crecer en este servicio. Podemos decir que ofrecemos el valor añadido de la experiencia.
P.: ¿Qué otros cambios legislativos son necesarios para agilizar el procedimiento?
Respuesta: La última reforma de decomiso ha agilizado muchísimo. Hay que ser sereno y reflexivo y mejorar con la práctica y el trabajo, se ha empezado a caminar pero es un buen comienzo.
Pediría mayor agilidad en la fase de ejecución. Hay ocasiones en la que los bienes decomisados se han realizado en un plazo de un mes y medio, y después se la aprobación de la adjudicación se demora demasiado, con el agravante de que el perjudicado no puede disponer de los bienes y se incrementan los gastos de depósito.
Otro tema mejorable sería el de la adjudicación de los bienes depositados, ya sean de juzgados o de la agencia tributaria. El paso del tiempo los convierten en antieconómicos. Tenemos cuadros decomisados de varias operaciones contra el narcotráfico, cuadros, obras de arte de mucho valor, que llevan en depósito más de ocho años.
P.: ¿Qué figuras de reparación del daño en derecho comparado han funcionado y debería ser incorporadas?
Respuesta: No conozco ninguno diferente, hay varios del mismo tenor. En algunos casos son estatales (Portugal), en otros lugares lo que funciona es el decomiso. No hay servicios específicos como en España, no tienen un operativo designados a este fin. (son externos).
P.: Por último, y desde la visión de la protección de la víctima en el proceso penal, ¿Qué opinión le merece el nuevo estatuto de la víctima?
Respuesta: Como consecuencia del delito muchas veces hay pérdida de seres queridos, y es muy difícil un completo resarcimiento, como lo es el perdón (aunque este no es un tema jurídico). La verdad es que echábamos de menos una normativa dedicada a la protección de la víctima del delito, y, aunque han pasado muchos años, es muy buena noticia que tengamos una norma que piense en ellos. Ahora veremos, con el tiempo se irán corrigiendo algunas dificultades que la experiencia vaya poniendo de relieve.